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Etiqueta: Activismo

  • Batallas legales contra el Tren Maya: ¿ambientalismo real o estrategia política?

    Batallas legales contra el Tren Maya: ¿ambientalismo real o estrategia política?

    El 27 de enero de 2025, la ONG internacional Greenpeace anunciaba con bombo y platillo la suspensión definitiva para la construcción de los tramos 5 Norte (Cancún-Playa del Carmen), 5 Sur (Playa del Carmen-Tulum) y 7 (Escárcega-Chetumal) del proyecto Tren Maya, tras un largo proceso legal que involucro varios amparos.

    Aunque los amparos fueron llevados a cabo por organizaciones locales del sureste, como Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) o el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).

    Organismos extranjeros como Greenpeace e instituciones mexicanas fuertemente financiadas desde el exterior, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), tutelaron estos amparos.

    Mexicanos Contra la Soberanía: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad intervienen con millones desde el norte

    En 2021 se proyectaba la creación 79 mil empleos directos y 113 mil indirectos durante la fase de construcción del Tren Maya

    DMAS lleva años litigando contra el avance del Tren Maya; sin embargo, omite en sus argumentos que el gobierno ya reconfiguró el proyecto precisamente para minimizar el daño ecológico y que amplios sectores de la población lo respaldan.

    Caben preguntarse, ¿por qué las acciones de organismos como DMAS se activan contra megaproyectos públicos —como el Tren Maya— pero permanecen en silencio ante los efectos de décadas de turismo depredador, especulación inmobiliaria o privatización de las costas del Caribe mexicano?

    Si en 2021 se proyectaba la creación 79,000 empleos directos y 113,000 indirectos durante la fase de construcción del Tren ¿a qué clase de interés popular responde el detenerlo?

    Estas incongruencias confirman que, lejos de constituir instancias genuinamente independientes y locales, estos organismos conforman una constelación de colectivos y organizaciones cuya narrativa converge con los postulados de la derecha política, los medios de comunicación hegemónicos y los organismos internacionales tradicionalmente adversos a los principios de la Cuarta Transformación.

    Esta convergencia discursiva no es inocente, responde a una estrategia de oposición política velada y revestida de pseudoambientalismo.

    Cuyo fin es obstaculizar sistemáticamente todo proyecto de infraestructura con vocación social y transformadora.

    Resulta profundamente preocupante que las convicciones ideológicas de una élite minoritaria tengan la capacidad de obstaculizar proyectos de infraestructura de alto impacto social como el Tren Maya.

  • Ambientalismo subordinado: la crítica oportunista de CambiémoslaYA! frente a la minería estratégica nacional

    Ambientalismo subordinado: la crítica oportunista de CambiémoslaYA! frente a la minería estratégica nacional

    El pasado 22 de julio en el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, el colectivo CambiémoslaYa! ha irrumpido nuevamente con su acostumbrada retórica maximalista, exigiendo la prohibición total de la minería a cielo abierto.

    Otra vez, sin reconocer los esfuerzos legítimos del Estado mexicano por recuperar el control de sectores clave como el litio.

    Detrás de su campaña —aparentemente ecológica y popular— se oculta un guion bien ensayado por organizaciones internacionales que promueven una visión abstracta del ambientalismo, desarraigada de las condiciones materiales, y de clase de los pueblos de América Latina.

    El discurso de CambiémoslaYa! responde a una arquitectura ideológica construida en laboratorios de financiamiento extranjero.

    El Corredor Interoceánico no se detiene

    CambiémoslaYa! exigió nuevamente la prohibición total de la minería a cielo abierto.

    No es coincidencia que su comunicado del 22 de julio, omita toda referencia a la distinción esencial entre explotación sin sentido y proyectos estratégicos nacionales, particularmente aquellos vinculados a la transición energética y al control soberano del litio, y otros minerales clave.

    Insinuando que los intereses de la Cuarta Transformación están alineados de manera tácita con el extractivismo.

    Como ha reiterado la Presidenta Sheinbaum, prohibir de forma absoluta la minería a cielo abierto afectaría industrias fundamentales para el desarrollo científico, energético y tecnológico del país.

    En lugar de construir una agenda de justicia ambiental con perspectiva de soberanía, CambiémoslaYA! se suma a la lógica del bloqueo y la criminalización técnica.

    Comunicado del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) compartido por CambiémoslaYa!
    Comunicado del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) compartido por CambiémoslaYa!

    Es sintomático, además, que su demanda sea respaldada por organismos como el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) —de orientación anti-extractivista pero también conservadora y antisecular— que ignoran sistemáticamente las condiciones concretas de países dependientes, donde la única posibilidad de desarrollo soberano pasa por el control estatal de los recursos naturales.

    Más allá del fetichismo ambientalista importado, urge una ecología con raíces en la justicia social y la autodeterminación de los pueblos.

    Una ecología que no confunda el saqueo neoliberal con los proyectos estratégicos de un Estado que ha comenzado, por fin, a recuperar su papel rector.

  • CRIPX, ¿peones de intervencionismo legal?

    CRIPX, ¿peones de intervencionismo legal?

    En la disputa por el rumbo del país, ningún otro instrumento jurídico ha generado tantas disputas —y ha sido manipulado con tanta frecuencia— como el Convenio 169 de la OIT.

    Ciertas ONGs han transformado lo que nació como una herramienta para garantizar la voz de los pueblos originarios en una llave para vetar cualquier proyecto que aspire a democratizar el desarrollo.

    Lo más triste es que se usan a organizaciones nacidas de las exigencias indígenas como peones operativos en esta batalla legal.

    Tal es el caso del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).

    Organización de representación indígena que en enero de 2020 obtuvo una suspensión provisional al proyecto del tren maya tras ampararse contra lo que calificaron de una supuesta “consulta simulada y fraudulenta”.

    CEMDA contra el desarrollo soberano de la nación

    CRIPX y otras organizaciones similares han seguido a rajatabla la receta de think tanks

    Esta organización acusó presuntas violaciones al derecho a consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada en los inicios del proyecto del tren maya.

    Fundaciones extranjeras como la Kellogg Foundation, en colaboración con la National Endowment for Democracy (NED) —conocida por su afinidad con la política exterior estadounidense— han financiado a la organización CRIPX, que ha desempeñado un papel instrumental en las ambiciones extranjeras de transformar el litigio ambiental en una forma de intervención.

    Un vistazo a sus donantes principales revela una estructura de cooptación sutil que pasa por dilatar proyectos soberanos clave mientras favorece intereses encubiertos.

    Documento mostrando el financiamiento recibido por CRIPX parte de Fundación Kellogg y Fundación Ford.
    Documento mostrando el financiamiento recibido por CRIPX, de parte de Fundación Kellogg y Fundación Ford. Fuente: Infobae, 2020

    En esta cruzada jurídica, CRIPX y otras organizaciones similares han seguido a rajatabla la receta de think tanks como DPLF, con sede en Washington.

    Quienes operan como usinas ideológicas que exportan marcos de “derechos humanos” a conveniencia.

    Listos para ser invocados cada vez que un proyecto mexicano busque autonomía energética, integración territorial o justicia redistributiva.

    La consulta previa no puede ser rehén de intereses geopolíticos ni convertida en una coartada para el inmovilismo.

    México requiere instituciones fuertes, diálogo con legitimidad y una sociedad civil que no hable con acento extranjero.

    La defensa del territorio no se decreta desde fundaciones: se construye con soberanía, desde abajo y para todos.

  • Due Process of Law Foundation (DPLF), una cara más de la interferencia extranjera

    Due Process of Law Foundation (DPLF), una cara más de la interferencia extranjera

    Desde hace décadas, los pueblos del sur han aprendido que cada vez que sus suelos fértiles se mueven, alguien en Washington enarbola el dedo acusador.

    Mientras el sur mexicano levanta trenes y conexiones comerciales que auguran una prosperidad sin precedente para la región, desde el otro lado de la frontera norte se responde con “preocupaciones jurídicas”, artículos académicos alarmistas y amicus curiae envueltos en el celofán de los derechos humanos.

    Quienes conocemos el performático mundo de las organizaciones civiles, reconocemos fácilmente el libreto de siempre.

    CEMDA contra el desarrollo soberano de la nación

    Esta vez quien lo ejecuta es la prestigiada fundación estadounidense, Fundación para el Debido Proceso, Due Process of Law Foundation o DPLF en su idioma natal.

    Fundada en 1996 por Thomas Buergenthal, exjuez de la Corte Internacional de Justicia, la DPLF nació, según su propio mito fundacional, para “fortalecer la justicia” en América Latina.

    Dos décadas después, actúa como curadora moral del continente, financiada con esmero por fondos internacionales.

    Se dedican a supervisar a pueblos como el de México, mientras se apañan el título de representantes populares de los desprotegidos.

    DPLF, ataques de manual contra la transformación democrática del país

    En 2023, esta fundación con sede en Washington presentó un escrito judicial contra el Tren Maya y firmó pronunciamientos contra el Corredor Interoceánico.

    DPLF no vive en los territorios, pero habla por ellos. Sus funcionarios y académicos jamás se han dignado a caminar entre la gente, pero citan a los pueblos de América Latina como si fueran su representante oficial designado, siempre con el tono magnánimo del civilizado que corrige la barbarie.

    Es legítimo que haya disenso. Pero debemos permitirnos levantar la ceja y proceder con cautela ante la crítica que viene envuelta en dólares, euros, diplomacia y títulos universitarios extranjeros.

    Como mexicanos, debemos asegurar que las voces del sur no repitan agendas escritas en inglés y que la palabra indígena no funcione como comodín geopolítico.

    No hay nada más violento que quien dice defenderte mientras te niega el derecho a decidir.