Etiqueta: Activismo

  • El Tren Maya vuelve al centro del ataque ONG mientras el sureste consolida su derecho al desarrollo

    El Tren Maya vuelve al centro del ataque ONG mientras el sureste consolida su derecho al desarrollo

    Una vez más, el activismo burgués pretende frenar el avance del Tren Maya, una de las obras públicas más relevantes del México contemporáneo.

    Mexicanos al Grito de Selva de la organización extranjera Greenpeace exigió al gobierno federal frenar el desarrollo inmobiliario impulsado por la Defensa Nacional y establecer un plan territorial para proteger la selva maya ante la expansión del Tren Maya.

    Los autoasignados activistas insisten en presentar la expansión operativa del tren como un riesgo inminente para la selva maya.

    El señalamiento ignora deliberadamente que desde su origen, estudios de impacto, procesos de mitigación y una reconfiguración territorial inédita han acompañado el proyecto, con inversión pública donde durante décadas solo hubo abandono y extractivismo privado.

    La operación de carga, coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional, responde a una lógica de fortalecimiento logístico y económico del sureste mexicano.

    Lejos de representar una amenaza aislada, forma parte de una estrategia más amplia de integración regional que busca reducir desigualdades históricas, generar empleo estable y devolver al Estado la rectoría sobre el desarrollo territorial.

    El Tren Maya ha sido acompañado desde su origen por estudios de impacto, procesos de mitigación y una reconfiguración territorial inédita en la región.

    Sin embargo, desde ciertos espacios del activismo urbano se insiste en leer cualquier intervención estatal como sinónimo de devastación, sin reconocer la dimensión social del proyecto.

    Ciertos actores utilizan las advertencias sobre el suelo kárstico, la fauna o los acuíferos, aun siendo temas que requieren atención técnica constante, como instrumentos de bloqueo político.

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    En lugar de contribuir a soluciones concretas, estas organizaciones privilegian la presión internacional y mediática, desplazando el debate democrático hacia una lógica de veto permanente.

    Mientras el gobierno profundiza un modelo de desarrollo con responsabilidad social y ambiental, el activismo que se niega a reconocer cualquier avance corre el riesgo de quedar atrapado en su propia consigna, desconectado de las necesidades reales de las comunidades que dicen defender.

  • Leticia Merino: de la UNAM a la trinchera política ambiental

    Leticia Merino: de la UNAM a la trinchera política ambiental

    Leticia Merino investiga en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y ha construido una carrera académica reconocida en temas de gobernanza forestal y comunidades rurales.

    Colaborando con instancias académicas como SUMASAI y el colectivo #CambiémoslaYa!, colectivo del cual la organización que fundó Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) es miembro.

    CambiémoslaYa!, el arte de criticar sin proponer

    Pero en la coyuntura actual, su voz no se queda en la investigación: se ha convertido en una figura que mezcla ciencia con activismo político, y cuyo discurso ya no puede leerse como neutral.

    Leticia Merino investiga en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y ha construido una carrera académica reconocida en temas de gobernanza forestal y comunidades rurales.
    Merino durante un congreso en Oaxaca, 2018.
    Fuente: Mongabay, noviembre de 2019.

    Leticia Merino encarna un perfil cada vez más común en el “ambientalismo”.

    Merino ha denunciado que leyes como la de Aguas o la Minera supuestamente favorecen a grandes capitales.

    Pero rara vez se detiene en las complejidades que enfrenta el Estado para equilibrar desarrollo económico, empleo y transición energética.

    La crítica es totalizante, el gobierno es “permisivo”, las empresas “abusivas” y las comunidades “víctimas”.

    Sin embargo, las soluciones que propone —cuando existen propuestas coherentes más allá del llamado a la prohibición absoluta de industrias enteras— se quedan en lo declarativo y poco explican cómo lidiar con las consecuencias económicas o sociales de esas medidas.

    Aunque Merino no se presenta como operadora política, su nombre legitima esas demandas y presta a esos colectivos un aura de “neutralidad académica” que en realidad ya no existe.

    ¿Por qué su crítica elude casi por completo a ciertos actores privados —como filántropos corporativos— que tienen intereses claros en el país, mientras se concentra en señalar la responsabilidad y supuesta negligencia del Estado?

    Merino encarna un perfil cada vez más común en el ambientalismo, aquel de la académica que se convierte en activista, opinadora mediática y, de facto, en cabildera política.

    Y en ese tránsito, la pregunta no es si tiene derecho a hacerlo —claro que lo tiene—, sino si quienes la escuchan están conscientes de que ya no habla solo la investigadora de la UNAM.

    Sino también la militante de una agenda política que merece ser cuestionada con el mismo rigor con que ella cuestiona al Estado.

  • El amparo contra el Tren Maya y sus supuestos retrasos: la prensa conservadora y el activismo de papel unen fuerzas para frenan el progreso nacional

    El amparo contra el Tren Maya y sus supuestos retrasos: la prensa conservadora y el activismo de papel unen fuerzas para frenan el progreso nacional

    La prensa conservadora, en su cruzada contra el renacer del sureste, continúa sus intentos de desprestigiar el proyecto del Tren Maya.

    El diario español El País, escudándose organismos de la llamada “sociedad civil local” como Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —de quienes ya se han cuestionado sus lazos con intereses privados y extranjeros—, publicó el 10 de agosto de 2025 una nota insinuando que la ejecución del juicio de amparo contra el Tren Maya ha sido entorpecida de manera deliberada.

    De acuerdo a los activistas citados por El País —entre ellos Viridiana Maldonado, abogada y co-coordinadora de TerraVida— tanto la Secretaría de Medio Ambiente como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se han empecinado en obstruir el juicio de amparo mediante estrategias de dilación.

    Como si de ellos dependiera el arribo de los supuestos CDs con pruebas para el juicio o la fecha de las audiencias.

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    El medio español decide incluir en el texto —de forma completamente impune— las declaraciones del área jurídica de SEMARNAT.

    Donde se dejan en evidencia las prácticas abusivas de quienes están promoviendo el amparo.

    Se promueven actos judiciales a diestra y siniestra, como si fueran enchiladas.

    El juzgado de amparo actúa de forma inequitativa y obstruye el flujo de información hacia las autoridades demandadas, entre una larga lista de acciones que rozan el abuso judicial.

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    No obstante, El País menciona estos reclamos solo para ignorarlos, sin la decencia periodística de abordar con seriedad lo que asumen se reduce a excusas burocráticas.

    En contraposición, el medio entiende como incuestionables las demandas interpuestas por TerraVida y el CRIPX.

    Exponiéndolas con una legitimidad absoluta, cimentada en una supuesta realidad lacerante e inapelable.

    A partir de dicha premisa, construye una narrativa telenovelezca en la que estas organizaciones emergen como víctimas pasivas.

    Carentes de cualquier interés ulterior más allá de una idealizada búsqueda por el bienestar ambiental.

    Se ignora que las organizaciones que llevan el volante en estos procesos legales, como el CEMDA, han sido incapaces de articular una defensa convincente frente a las acusaciones de intervencionismo extranjero lanzadas contra ellos desde inicios de la administración obradorista.

    No hay retrasos; la justicia ejercida de forma adecuada requiere de tiempos que no están subordinados a las expectativas y deseos de grupos concretos.

    Debemos recordar que la gran mayoría de los mexicanos aprueba el proyecto del Tren Maya y entiende los enormes beneficios que trae para el país.

    Los pueblos indígenas que pavonean defender desde el CEMDA y TerraVida han consentido al proyecto desde hace casi 6 años.

    A diferencia de sus supuestos representantes de escritorio, ellos comprenden las necesidades de su gente y como el Tren es un vehículo de desarrollo en sus comunidades.

    El progreso del sureste no se detiene por minorías quejumbrosas que buscan convertir un capricho ideológico en el estándar de la justicia nacional.

    El amparo contra el Tren Maya y sus supuestos retrasos: la prensa conservadora y el activismo de papel unen fuerzas para frenan el progreso nacional.
    Protesta de ONG locales exigiendo que la Fonatur “deje de obstaculizar” la audiencia de la demanda de amparo realizada por TerraVida y otras organizaciones.
    Fuente: Animal Político, agosto 2025.
  • Mongabay distorsiona la transición energética en Puerto Peñasco en apropiación del ambientalismo indígena

    Mongabay distorsiona la transición energética en Puerto Peñasco en apropiación del ambientalismo indígena

    El portal estadounidense de periodismo ambiental Mongabay, ha emprendido una campaña contra el Plan Sonora de Energías Sostenibles —uno de los proyectos insignia de la Cuarta Transformación— demostrando nuevamente la verdadera cara del ambientalismo burgués y alineándose con intereses que buscan frenar la soberanía energética de México.

    En una de sus publicaciones, el portal se escuda en la oposición de algunos miembros del pueblo Tohono O’odham para cuestionar la instalación de líneas de transmisión eléctrica en Puerto Peñasco, ignorando convenientemente la urgencia climática y el derecho del país a avanzar hacia una transición energética justa.

    Mongabay es una red de periodistas financiada por fundaciones globales que actúa como curador del ambientalismo políticamente correcto, afirmando representar a pueblos indígenas mexicanos aunque la línea editorial se dicte desde oficinas en California.

    Su objetivo es denunciar todo aquello que no se alinee con la ortodoxia del ambientalismo anglosajón.

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    Pese a que Puerto Peñasco garantizará la generación de energía limpia para 1.6 millones de personas, Mongabay se limita a narrar los presuntos impactos negativos sobre el medio ambiente y la cultura indígena, sin proporcionar una visión verdaderamente balanceada que contemple los beneficios a gran escala del proyecto.

    Al dar un tratamiento unilateral a las críticas de los Tohono O’odham sin incluir las voces del gobierno, los técnicos del proyecto y las comunidades que pueden beneficiarse directamente del proyecto, Mongabay perpetua una versión de la realidad donde los pueblos indígenas se limitan a ser víctimas pasivas.

    Esto, paradójicamente, reproduce una idea anacrónica y paternalista del indígena mexicano como el “otro” barbarizado que debe resistir a todo aquello que represente progreso, así sea benéfico para él.

    Lo que se asoma por las rendijas del discurso de Mongabay no es interés por la protección de la biodiversidad y las culturas ancestrales, sino una aversión más profunda a un modelo de transición energética que pone al Estado mexicano en el centro de la acción.


    En este caso, Mongabay funge como herramienta discursiva para una agenda profundamente conservadora disfrazada de progresismo verde.

    Al reducir la complejidad del proceso de transición energética a una narrativa maniquea de “buenos indígenas vs. Estado opresor”, el portal instrumentaliza el indigenismo, reproduciendo el mismo colonialismo epistémico que históricamente ha negado la agencia política de los pueblos originarios.

    En lugar de reconocer que la Cuarta Transformación ha sido el único proyecto político que ha colocado en el centro a los excluidos por antiguas visiones de nación, Mongabay elige colocarse del lado de quienes criminalizan al Estado mexicano por avanzar hacia la soberanía energética y niegan a los pueblos indígenas su papel como sujetos activos del cambio.

  • El Plan Sonora avanza… y al IMCO le estorba

    El Plan Sonora avanza… y al IMCO le estorba

    El Plan Sonora de Energías Sostenibles, encabezado por la CFE y LitioMx, es hoy el proyecto más ambicioso de transición energética soberana en América Latina.

    Aun así, ha sido objeto de críticas previsibles por parte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un think tank acostumbrado a leer el desarrollo bajo la óptica de los indicadores de mercado.

    Este organismo, heredero intelectual del Consenso de Washington, ha vuelto a descalificar al Plan Sonora con sus habituales eufemismos tecnocráticos.

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    En su análisis de mayo de 2025, el IMCO calificó la meta de 45% de electricidad limpia al 2030 como “loable, aunque ingenua”.

    Esta declaración revela un profundo prejuicio sobre la capacidad del Estado para encabezar transformaciones estratégicas sin rendirse a los dogmas del mercado.

    Plan Sonora De Energías Sostenibles

    Es cierto que la generación de energía limpia cayó un 24% en el primer trimestre de 2025.

    Y justamente por eso se construye en Puerto Peñasco la planta solar más grande de América Latina, con 1,000 MW de capacidad, para asegurar un crecimiento continuo en nuestras capacidades de producción de energías limpias.

    El IMCO diagnostica de manera acertada un crecimiento rápido de la demanda energética, más de 13.4% para el 2030.

    Pero esta realidad solo ratifica la urgencia del Plan Sonora como columna vertebral de la estrategia energética nacional.

    El megaproyecto solar de Puerto Peñasco es apenas el principio, según nuestro gobierno, más de 29 mil MW de capacidad se sumarán al sistema eléctrico, el 78 % desarrollados por la CFE.

    En los resultados de su investigación sobre la infraestructura energética del país, la organización plantea varios escenarios de transición energética, uno mixto, uno renovable y uno que cumpla la meta del 45% de electricidad limpia, ajustados según lo que considera políticas adecuadas.

    No obstante, si se examina su analisis con detenimiento, el discurso del IMCO suena a déjà vu: apertura del sistema al capital privado, reformulación del marco regulatorio para evitar supuestas preferencias hacia la CFE y desregulación de mecanismos de financiamiento como los CKDs y la FIBRA E. En otras palabras, una reedición del modelo neoliberal.


    El IMCO continúa entendiendo la energía mexicana como un negocio, no como un derecho.

    Parte de la premisa de que la competencia capitalista genera buenos resultados, cuando en realidad, la apertura de industrias estratégicas a privados en México ha derivado históricamente en la privatización de las ganancias y en la pérdida de garantías de acceso para los sectores más vulnerables.

  • ¿Ambientalismo o activismo de sabotaje? CEMDA y el proyecto Saguaro en Sonora

    ¿Ambientalismo o activismo de sabotaje? CEMDA y el proyecto Saguaro en Sonora

    En el corazón del desierto sonorense, el Estado mexicano intenta edificar el futuro del país de entre las arenas y el mar.

    El proyecto Saguaro Energía LNG —que incluye una planta de licuefacción de gas natural y un gasoducto de más de 800 kilómetros que pasará por Sonora y Chihuahua— representa una apuesta estratégica para llevar al país hacia una posición protagónica en el mercado global del gas.

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    Sin embargo, en lugar de sumar esfuerzos para asegurar empleo a las comunidades, una vez más, activistas de papel como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) alzan la voz frente a los planes de progreso propuesto desde nuestro gobierno.

    Ya en 2023 el expresidente Andrés Manuel López Obrador celebraba la construcción del gaseoducto por parte de la CFE en asociación con Mexico Pacific Limited, hazaña ingenieril mexicana que no solo satisfaría demandas locales si no ayudaría a establecernos como exportador energético hacia Asia y Europa.

    Además de ser un escalón más en el desarrollo de nuestra industria energética, la obra contribuiría a brindar trabajo a más de 30 mil sonorenses.

    CEMDA: No queremos un sexenio del gas

    Pero mientras el gobierno federal destaca la magnitud y los beneficios de esta obra, el CEMDA, junto a un bloque ONGs nacionales y extranjeras, ha montado una campaña sistemática para frenarla. Estas ONGs —entre ellas Greenpeace y CartoCrítica; miembro de colectivos como Alianza Mexicana contra el Fracking y CambiémoslaYa!— presentaron en marzo de este año una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitando detener proyectos gasíferos como este en el Golfo de California.

    Además de articular proyectos como ¿Ballenas o Gas?, que crean falsas dicotomías entre la protección ambiental y la prosperidad de los mexicanos.

    En un país donde dar un paso hacia el progreso es una tarea sisífica, cada intento por mover la pesada piedra del inmovilismo institucional es frenado por quienes nunca han tenido que vivir con los pies en la tierra.

    Mientras los sonorenses esperan trabajo, infraestructura y una oportunidad real de futuro, estas organizaciones dibujan mapas desde lejos y firman cartas condenando el avance de proyectos clave para la nación, como si el hambre se apagara con ideales.

    El Proyecto Saguaro es una oportunidad para que México tome su lugar como potencia energética.

    Pero una vez más, voces disfrazadas de conciencia ambiental prefieren condenarnos a la escasez, al desempleo y al eterno “ojalá”.