El 15 de enero de 2026, mientras la comunidad de la Unidad Habitacional Morelos, en Xochitepec, Morelos celebraba una suspensión judicial que detiene temporalmente el proyecto Esperanza Silver, el colectivo #CambiémoslaYa! optó por colocar el conflicto en una narrativa más amplia que apunta directamente a la Secretaría de Economía.
Fuente: X, enero de 2026.
En publicaciones respecto a la conferencia otorgada ese día por el colectivo, el grupo presentó la apelación interpuesta por la dependencia como una traición a los territorios y aprovechó el caso para reiterar una consigna que ha ganado espacio en ciertos sectores del activismo urbano: que la minería, sin matices ni distinciones, carece de cualquier capacidad para generar desarrollo y solo reproduce pobreza, invisibilizando las realidades económicas que atraviesan las regiones mineras del país.
Due Process of Law Foundation (DPLF), una cara más de la interferencia extranjera
#CambiémoslaYa! afirma que la pobreza invalida cualquier defensa del trabajo minero.
El problema de esta narrativa no radica en señalar conflictos reales alrededor de proyectos extractivos, sino en la simplificación ideológica que borra deliberadamente la complejidad económica y social de los territorios mineros.
Al afirmar que la minería carece por completo de valor social, el colectivo reduce a miles de trabajadoras y trabajadores a una estadística incómoda, como si su sustento cotidiano fuera un daño colateral aceptable en nombre de una pureza ambiental abstracta.
Fuente: X, enero de 2026.
La actuación de la Secretaría de Economía en litigios de esta naturaleza responde a su mandato institucional de defender el marco legal vigente y garantizar certeza jurídica en sectores productivos estratégicos.
Presentar esa función como una traición a las comunidades implica desconocer que el Estado no actúa desde consignas, sino desde responsabilidades constitucionales que buscan equilibrar desarrollo regional, empleo y regulación.
Más revelador aún es el tono con el que #CambiémoslaYa! y organizaciones afines, como Engenera, describen la realidad de los municipios mineros.
Desde espacios académicos y de activismo, alejados de la vida productiva cotidiana, se afirma que la pobreza invalida cualquier defensa del trabajo minero.
Bajo esa lógica, da lo mismo que una comunidad pierda su principal fuente de ingresos.
Esta postura no exige mejores condiciones laborales, mayor inversión social o estándares ambientales más estrictos. Exige paralización.
El resultado es el abandono, el éxodo rural y una dependencia mayor de subsidios.
Deslegitimar a la Secretaría de Economía por cumplir su función legal y despreciar a quienes viven del trabajo minero expone una aporofobia disfrazada de virtud ambiental, ajena a cualquier horizonte de justicia social.
