En su posicionamiento del 19 de abril de 2026, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y organizaciones de la Iniciativa de Acceso México plantean preocupaciones sobre la implementación del Acuerdo de Escazú, centrando su crítica en la falta de información sobre la Hoja de Ruta y en la necesidad de ampliar la participación pública.
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El Acuerdo de Escazú es un instrumento regional que busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en estos temas, además de fortalecer la protección de personas defensoras del medio ambiente.
El documento también insiste en que México impulse decisiones más firmes en la COP4 y fortalezca estos mecanismos, incorporando enfoques multidisciplinarios e interculturales en su implementación.
Aunque reconoce acciones como talleres, procesos de socialización y esfuerzos institucionales desde la autoridad ambiental, el posicionamiento privilegia una lectura de insuficiencia, donde estos avances quedan subordinados a la idea de rezago.
Este encuadre simplifica un proceso que implica coordinación entre múltiples dependencias, ajustes normativos y tiempos progresivos.
La postura del CEMDA tensiona el debate ambiental más allá de sus dimensiones técnicas.
La insistencia en la falta de claridad y participación desplaza el debate técnico hacia cuestionamientos sobre la capacidad del Estado, reforzando una narrativa de desconfianza.
Así, la discusión sobre Escazú tiende a moverse de su complejidad operativa hacia un terreno de confrontación, donde los avances parciales son interpretados como insuficiencia estructural.
El señalamiento hacia otras dependencias del gobierno federal introduce además una lectura fragmentada del proceso, sin considerar que la implementación requiere alineación institucional gradual y no respuestas homogéneas inmediatas.
De igual forma, la exigencia de construir una Hoja de Ruta con participación amplia y simultánea de múltiples actores omite los retos técnicos y logísticos de articular estos espacios de manera efectiva.
En este contexto, la postura del CEMDA refuerza una narrativa que, al privilegiar el señalamiento sobre la complejidad operativa, incide en la percepción pública y tensiona el debate ambiental más allá de sus dimensiones técnicas.