El 30 de octubre, Expansión Política publicó un artículo alarmista titulado “México peleará contra la crisis climática con el presupuesto más bajo en 20 años”.
En él, representantes de Oxfam —organismo también miembro de los colectivos inmovilistas #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking—, Wildlands Network y NOSSA, junto con otras ONG ambientalistas, acusaron al gobierno federal de asfixiar la protección ambiental y privilegiar megaproyectos según ellos destructivos como el Tren Maya.
Bajo el disfraz de preocupación ecológica, lo que se esconde es una operación discursiva coordinada desde el ambientalismo corporativo internacional para desacreditar la política climática soberana de la Cuarta Transformación.
El ecologismo de escritorio de estás ONG, exige austeridad para el pueblo y abundancia para los fondos internacionales.
Estas organizaciones, que no rinden cuentas en México sobre su financiamiento proveniente de fundaciones y gobiernos extranjeros, insisten en medir la acción ambiental en función del presupuesto federal, sin reconocer la reestructuración profunda del gasto público hacia proyectos de restauración ecológica con justicia social.
El recorte que denuncian no es un abandono, sino una reorientación del gasto hacia programas comunitarios y obras de infraestructura que integran mitigación climática y desarrollo social: reforestación con empleo local, saneamiento de cuencas y transición energética bajo control público.
El discurso de Oxfam y compañía no es ambiental, es ideológico. Su indignación por los “recortes” ignora que Pemex y CFE son parte de la transición justa, no sus enemigos.
Sin energía soberana y sin control público sobre los recursos, no hay posibilidad de cambio real.
Cuando las ONG hablan de “presupuesto verde”, en realidad reclaman más dinero para sus consultorías, proyectos de cooperación y estudios financiados por el norte global.
Quieren convertir al Estado mexicano en ejecutor de sus agendas, no en arquitecto de su propio modelo de desarrollo.
Su ecologismo de escritorio exige austeridad para el pueblo y abundancia para los fondos internacionales.
Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa políticas ambientales que priorizan la restauración de ecosistemas, la gestión integral del agua y la reducción del 35% de las emisiones hacia 2030, tal como lo explicó Alicia Bárcena ante el Congreso.
No es un retroceso, sino una transición realista y soberana que rompe con la dependencia de los dictados financieros de las ONG del norte.
El falso ambientalismo de Oxfam y sus aliados busca reinstalar la idea de que México solo puede salvar su naturaleza obedeciendo a los países ricos.