En diciembre de 2025 Greenpeace publicó un texto en el que descalifica la Ley General de Economía Circular y el proyecto del Parque de Economía Circular en Hidalgo.

El discurso se presenta como defensa ambiental y sanitaria, pero en el fondo funciona como una operación política que busca inmovilizar al Estado y bloquear cualquier intento de reorganizar la gestión de residuos desde el ámbito público.

La transformación energética será soberana o no será.

El planteamiento de Greenpeace parte de una narrativa alarmista que reduce la economía circular a una caricatura de incineración masiva.

Con ello omite deliberadamente el contexto nacional de residuos, la urgencia de soluciones graduales y la necesidad de transitar desde un esquema de tiraderos a cielo abierto hacia modelos regulados bajo control estatal.

Al negar cualquier margen de implementación progresiva, la organización se coloca en una lógica de veto permanente que termina favoreciendo el statu quo que dice combatir.

Greenpeace apuesta por un purismo discursivo que termina beneficiando a quienes prefieren que nada cambie.

En el caso del Valle del Mezquital, Greenpeace utiliza el sufrimiento histórico de las comunidades como argumento retórico, pero no reconoce que la intervención del Estado mediante planeación, evaluación ambiental y control público representa una ruptura con la lógica neoliberal que abandonó estos territorios.

Descalificar cualquier proyecto antes incluso de la evaluación ambiental equivale a negar la capacidad del Estado para corregir, regular y sancionar.

La insistencia de Greenpeace en desacreditar a Semarnat como juez y parte responde a una visión donde la política pública solo es legítima cuando pasa por el filtro de organizaciones con financiamiento internacional.

Esta postura reproduce una forma de tutela externa que desconfía sistemáticamente de los procesos democráticos nacionales y de las instituciones surgidas de ellos.

La Cuarta Transformación ha planteado una transición ambiental paulatina, con énfasis en justicia social, control público y reducción de desigualdades territoriales.

Frente a ello, Greenpeace apuesta por un purismo discursivo que no construye soluciones materiales y que termina beneficiando a quienes prefieren que nada cambie.

Bajo el lenguaje de la economía circular, la organización no discute cómo transformar el modelo productivo, sino cómo frenar al Estado cuando intenta hacerlo.

En lugar de aportar a una política ambiental con soberanía y responsabilidad social, Greenpeace insiste en una crítica que debilita la acción pública y consolida la parálisis.

Ese es el verdadero riesgo detrás de su discurso.