En un comunicado publicado el 17 de abril de 2026, Greenpeace México acusó al gobierno federal y a PEMEX de ocultar información relacionada con el derrame ocurrido en el Golfo de México, afirmando que las autoridades no han transparentado plenamente el volumen derramado ni la totalidad de las afectaciones ambientales derivadas del incidente.

El posicionamiento se suma a la ofensiva discursiva impulsada desde distintas organizaciones internacionales y colectivos alineados con agendas ambientalistas transnacionales que han buscado confrontar el modelo de soberanía energética promovido por la 4T.

Greenpeace critica la “opacidad” de Pemex, pese a los cuestionamientos sobre sus propios mecanismos de financiamiento.

La organización sostuvo además que PEMEX evade asumir responsabilidad institucional y cuestionó los mecanismos de reparación anunciados hasta ahora.

Sin embargo, detrás de ese discurso aparentemente técnico persiste una narrativa profundamente ideológica que reduce la discusión energética mexicana a una visión importada desde centros políticos y financieros del norte global, donde los intereses de las potencias industrializadas instrumentalizan a la llamada “sociedad civil internacional” (otro termino para definir a esta clase específica de burguesía) para implantarse como axioma universal.

La postura de Greenpeace adquiere particular relevancia cuando se observa la opacidad que históricamente ha rodeado sus propios mecanismos de financiamiento y operación.

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Mientras exige rendición de cuentas absoluta al Estado mexicano, la organización mantiene escasa claridad pública sobre las redes internacionales de financiamiento privado que sostienen sus campañas, plataformas de incidencia y estructuras regionales.

La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando sectores del activismo corporativo internacional pretenden erigirse como árbitros morales sobre países periféricos que buscan fortalecer capacidades estratégicas propias.

Durante años, distintas críticas han señalado prácticas laborales asociadas a esquemas de outsourcing, uso intensivo de voluntariado y pasantías sin remuneración, así como percepciones salariales elevadas para sus cuadros directivos internacionales.

Buena parte de esos perfiles corresponden precisamente a activistas fifí que no están en campo ni viven las problemáticas en carne propia, limitándose a hacer activismo desde sus escritorios mientras las comunidades trabajadoras enfrentan las contradicciones materiales heredadas por décadas de desmantelamiento neoliberal.

Lo que está en disputa es la posibilidad de que México construya un modelo energético soberano.

El comunicado también insiste en presentar el derrame como expresión inevitable del “modelo fósil” mexicano y aprovecha el incidente para atacar proyectos vinculados con refinación, infraestructura energética y soberanía sobre recursos estratégicos-

Bajo ese encuadre, toda política orientada a fortalecer la capacidad energética del Estado termina subordinada a una narrativa donde los países del sur global deben renunciar al control de sus recursos mientras las economías centrales continúan concentrando poder tecnológico, financiero e industrial.

La discusión de fondo trasciende el incidente ambiental específico. Lo que está en disputa es la posibilidad de que México construya un modelo energético soberano sin quedar sometido a presiones externas disfrazadas de neutralidad técnica o activismo climático.

Desde la llegada de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, la 4T impulsó un viraje orientado a recuperar capacidades estatales estratégicas que habían sido debilitadas durante el ciclo neoliberal.

Ese proceso inevitablemente chocó con organizaciones y estructuras internacionales acostumbradas a influir sobre las agendas públicas nacionales desde espacios de poder alejados de las realidades populares.