Categoría: CambiemoslaYa

  • Engenera: el ambientalismo que cobra del INE y critica a la 4T

    Engenera: el ambientalismo que cobra del INE y critica a la 4T

    La ONG Engenera, se ha presentado en los últimos meses como una de las voces más severas contra la política ambiental del gobierno federal.

    En comunicados y foros, su equipo ha acusado a la administración de Claudia Sheinbaum de sostener una “inercia fósil” y de destinar recursos públicos a proyectos de infraestructura “contradictorios con las metas climáticas”.

    Bajo el disfraz del ecocentrismo, las ONG neoliberales buscan sabotear la soberanía energética del norte de México

    Lo han hecho acompañados de otras ONG como CEMDA y Fundar —también miembros de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking—, insistiendo en que el presupuesto de 2026 “abandona la transición energética”.

    Engenera, ha recibido financiamiento directo de una de las instituciones más cuestionadas por la Cuarta Transformación

    Pero la pureza moral que intenta proyectar Engenera se resquebraja al revisar su propia contabilidad pública.

    Según documentos oficiales, en noviembre de 2024 la organización firmó un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) por $237,170 pesos para desarrollar un proyecto con ese organismo autónomo.

    El acuerdo estipula dos transferencias: una primera por $189,736 pesos tras la entrega de un “plan de trabajo”, y una segunda por $47,434 pesos tras la presentación de un “informe parcial” antes del 6 de diciembre de 2024.

    No es un monto escandaloso en sí mismo, pero sí profundamente simbólico.

    Engenera, una organización que denuncia “la captura del Estado” por intereses políticos, ha recibido financiamiento directo de una de las instituciones más cuestionadas por la Cuarta Transformación—el INE, símbolo histórico del gasto excesivo, la burocracia dorada y la simulación democrática del periodo neoliberal—.

    ¿Cómo puede una ONG que cobra fondos públicos de un organismo tan identificado con el viejo orden electoral presentarse como contrapeso ético del Estado popular que busca transformarlo?

    No solo eso, es interesante ver como justifican 200 mil pesos en un proyecto de “promoción de la democracia”.

    Engenera: el ambientalismo que cobra del INE y critica a la 4T.
    Convenio firmado entre Engenera y el INE por más de 200 mil pesos.
    Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia, consultada en octubre de 2025.

    Durante años, nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador señaló al INE fue instrumento de las élites para legitimar fraudes y excluir al pueblo.

    Engenera se presenta como “conciencia verde” mientras su tesorería se alimenta de la institución más costosa y elitista del aparato público mexicano.

    Criticó su gasto oneroso y sus vínculos con fundaciones extranjeras. Hoy, Engenera firma convenios con ese mismo aparato y usa esos recursos para posicionarse como “voz ciudadana independiente”.

    El problema no es que el INE financie proyectos sociales. El problema es el doble discurso: denunciar la supuesta falta de independencia del gobierno y, al mismo tiempo, nutrirse de los mismos fondos que durante décadas sirvieron para reproducir la lógica del poder conservador.

    La 4T ha insistido en democratizar la relación entre Estado y sociedad civil, poniendo fin al modelo de las ONG que, bajo la etiqueta de “autonomía”, operaban como intermediarias de las fundaciones extranjeras y las burocracias nacionales. Engenera, en cambio, parece añorar ese esquema.

    En lugar de dialogar con el gobierno popular que impulsa una política de transición justa desde el sur global, la organización prefiere presentarse como conciencia verde mientras su tesorería se alimenta de la institución más costosa y elitista del aparato público mexicano.

    Es la paradoja del activismo de escritorio: denunciar la “captura del Estado” mientras se vive de sus transferencias.

    El ambientalismo que cobra del INE pero sermonea a la 4T no defiende la ecología, solo intenta proteger su lugar en la vieja estructura de privilegios institucionales.

  • Cemda judicializa la estación de carga del Tren Maya

    Cemda judicializa la estación de carga del Tren Maya

    El 25 de septiembre de 2025 el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) —integrante fundamental de colectivos obstruccionistas del progreso como Alianza Mexicana Contra el Fracking y #CambiémoslaYa!volvió a colocar la disputa ambiental en el plano judicial al interponer un amparo contra la autorización para la Estación Multimodal de Carga del Tren Maya en Cancún.

    El recurso expone con claridad cómo ciertos aparatos del ambientalismo corporativo buscan reconstituirse como diques frente a la transformación del sureste.

    Cemda judicializa la estación de carga del Tren Maya.
    Extracto del amparo promovido por el CEMDA contra la estación de carga del Tren Maya en Cancún.
    Fuente: Cambio22, septiembre de 2025.

    Bajo la apariencia de un litigio técnico, la organización reactiva viejas lógicas de exclusión regional.

    Intentando judicializar la obra para impedir que se materialicen procesos de infraestructura que han sido históricamente negados a la península.

    Se trata de una estrategia que se enlaza con un linaje político bien identificado en la figura de su fundador, Gustavo Adolfo Alanís Ortega.

    Personaje que fungió como consultor de proyectos ecocidas del ciclo neoliberal, entre ellos el ya cancelado aeropuerto de Texcoco.

    Ese antecedente lo vincula con los circuitos de poder que saquearon territorio y bienes comunes en nombre de la privatización.

    Cemda es una organización que se viste de guardiana ambiental, pero que porta el sello del viejo régimen.

    En la demanda, Cemda exige anular el resolutivo emitido el 25 de julio por la Semarnat, que autorizó el desmonte de 259 hectáreas de selva.

    Sus argumentos insisten en la supuesta fragmentación de la Manifestación de Impacto Ambiental y en la existencia de trabajos adelantados antes de la autorización.

    Una vez más, Cemda despliega estrategias que no son más que dispositivos de sabotaje legal al servicio de intereses que nunca han reconocido el derecho de los pueblos del sureste a conectarse con un horizonte de desarrollo.

    La estación de carga, pensada como nodo de articulación logística y territorial, es señalada como amenaza por quienes durante décadas guardaron silencio ante proyectos depredadores en el centro del país.

    Leticia Merino: de la UNAM a la trinchera política ambiental

    Más allá de la resolución jurídica, el episodio revela el verdadero lugar del Cemda en la geografía política contemporánea.

    Una organización que se viste de guardiana ambiental, pero que porta el sello del viejo régimen.

    Repitiendo las prácticas de obstrucción con las que la élite empresarial y política buscó perpetuar la desigualdad territorial.

    En esta ofensiva judicial no se juega la selva, se juega la continuidad de un proyecto histórico de subordinación del sureste frente a los intereses del capital centralista.

  • La sospechosa opacidad de PODER

    La sospechosa opacidad de PODER

    La ONG Project on Organizing, Development, Education and Research (PODER, por sus siglas en inglés) se jacta de ser salvaguarda de la rendición de cuentas corporativa en México y América Latina.

    Miembro de redes como RedESC, la Alianza Mexicana contra el Fracking y #CambiémoslaYa!, así como autora intelectual de la web de transparencia corporativa QuiénEsQuién.Wiki, esta organización se maneja con una opacidad que parece parodiar a la corrupción corporativa que dice fiscalizar.

    El yugo tecnocrático de Engenera contra la transformación popular

    La ONG fue registrada en la División de Corporaciones del estado de Nueva York el 11 de enero de 2010.

    Más allá de los nombres de su consejo directivo, existe poca información abierta sobre el funcionamiento interno de la organización y su rendición de cuentas.

    Su dirección fiscal en Estados Unidos es un buzón de correo en Nueva York.

    El organismo registró su marca a través de un despacho legal en Seattle ciudad natal de su fundador y exdirector ejecutivo, Benjamín Cokelet.

    PODER recibe sin pudor recursos de fundaciones que sostienen al mismo imperialismo corporativo que dicen combatir.
    Datos de registro de PODER.
    Fuente: Departamento de Estado, División de Corporaciones del Estado de Nueva York, consultada en octubre de 2025.

    PODER se maneja con una opacidad que parece parodiar a la corrupción corporativa que dice fiscalizar.

    Lejos de rendir cuentas en México, ni siquiera se registra como razón social ante la Secretaría de Economía ni como donataria autorizada, requisitos con los que otras organizaciones extranjeras sí cumplen al trabajar en suelo mexicano.

    Por no tener, la organización no cuenta si quiera con RFC o CLUNI que la identifique en territorio nacional.

    Esta organización —al igual que otras de similar calaña como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad— tiene la arrogancia de colocarse como faro ético por encima de la “contaminación moral” del capital, mientras recibe sin pudor recursos de fundaciones que sostienen al mismo imperialismo corporativo que dicen combatir.

    Es, en realidad, un apéndice de los brazos ideológicos del gran capital internacional, legitimado por un activismo de cartón que no modifica un ápice la vida concreta de los pueblos.

    Tan solo en 2020, la organización recibió más de un millón de dólares por parte de Fundación Ford emblema del filantrocapitalismo imperial, además de la American Jewish World Service Inc., el Wellspring Philanthropic Fund y la William & Flora Hewlett Foundation.

    Dinero que, lejos de alimentar luchas emancipatorias, convierte a PODER en punta de lanza del activismo burgués, reduciéndolo un dispositivo de neutralización política que opera con la máscara de la sociedad civil mientras refuerza los intereses de las élites transnacionales.

    PODER recibe sin pudor recursos de fundaciones que sostienen al mismo imperialismo corporativo que dicen combatir.
    Declaración de un monto donado por Ford Foundation a PODER en 2020 para programas de justicia climática en México y América Central.
    Fuente: Ford Foundation, 2020.

    ¿Debemos escuchar a quienes solo rinden cuentas ante Washington y Nueva York

    Según el reporte de finanzas correspondiente al ejercicio fiscal de 2023, la organización recibió un total de 981,052 dólares en donaciones y grants, de los cuales gastó 1,330,456 dólares, supuestamente pagando sólo 51,594 dólares en salarios y bonos a sus empleados.

    PODER recibe sin pudor recursos de fundaciones que sostienen al mismo imperialismo corporativo que dicen combatir.
    Extracto de la declaración fiscal de PODER ante el IRS para el ejercicio de 2023.
    Fuente: Propública, consultada en octubre de 2025.

    Con este ejemplo, la pregunta permanece en el aire. ¿debemos escuchar a quienes solo rinden cuentas ante Washington y Nueva York para que sean ellos quienes nos enseñen de resistencia y protección del territorio?

    La verdadera emancipación de México también pasa por cuestionar la legitimidad e intereses del activismo fifí.

  • Minería y soberanía: Sheinbaum resiste mientras las ONG la acusan

    Minería y soberanía: Sheinbaum resiste mientras las ONG la acusan

    Mientras el colectivo #CambiémoslaYa! acusa veladamente a la presidenta Claudia Sheinbaum de estar coludida con los intereses de la industria minera por no impulsar una prohibición total de la minería a cielo abierto, los hechos recientes apuntan en dirección contraria.

    La Alianza Mexicana contra el Fracking instrumentaliza derrame para fines políticos

    En su encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, la mandataria mexicana no se limitó a celebrar inversiones: planteó directamente la preocupación por las mineras de ese país que operan en México sin cumplir con la normatividad ambiental.

    La disposición de Sheinbaum de exhibir a las “mineras sucias” directamente ante Ottawa es una señal de firmeza soberana.

    Lejos de evadir el tema, Sheinbaum informó que Carney solicitó recibir una lista con los nombres de las empresas infractoras para que su propio gobierno las presione a acatar la legislación mexicana.

    En un país donde el 70% de las concesiones mineras son de capital canadiense, la disposición de Sheinbaum de exhibir a las “mineras sucias” directamente ante Ottawa es una señal de firmeza soberana.

    Pese al discurso de sospecha contra el gobierno mexicano sostenido por las ONG, en la práctica la jefa del Ejecutivo abrió un frente diplomático para obligar a las empresas extranjeras a respetar la ley ambiental nacional.

    Las críticas de #CambiémoslaYa! omiten este contexto. Ignoran que la presidenta no sólo aceptó poner bajo la lupa a las mineras canadienses, sino que además lo hizo en el marco de la inminente revisión del T-MEC, cuando la presión de los inversionistas extranjeros es mayor.

    Señalar que la presidenta protege a las mineras y un modelo de explotación territorial desenfrenado mientras confronta a Ottawa con pruebas en mano es, cuando menos, una acusación difícil de sostener.

    En el fondo, la disputa no es sólo ambiental, sino sobre si un gobierno electo que negocia de frente con potencias extranjeras o colectivos financiados desde fuera que intentan imponer una reforma minera sin medir sus impactos sociales y económicos.

    En la coyuntura actual, el compromiso con la soberanía y la defensa del interés nacional lo demostró Sheinbaum, no las ONG que la acusan.

  • Leticia Merino: de la UNAM a la trinchera política ambiental

    Leticia Merino: de la UNAM a la trinchera política ambiental

    Leticia Merino investiga en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y ha construido una carrera académica reconocida en temas de gobernanza forestal y comunidades rurales.

    Colaborando con instancias académicas como SUMASAI y el colectivo #CambiémoslaYa!, colectivo del cual la organización que fundó Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) es miembro.

    CambiémoslaYa!, el arte de criticar sin proponer

    Pero en la coyuntura actual, su voz no se queda en la investigación: se ha convertido en una figura que mezcla ciencia con activismo político, y cuyo discurso ya no puede leerse como neutral.

    Leticia Merino investiga en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y ha construido una carrera académica reconocida en temas de gobernanza forestal y comunidades rurales.
    Merino durante un congreso en Oaxaca, 2018.
    Fuente: Mongabay, noviembre de 2019.

    Leticia Merino encarna un perfil cada vez más común en el “ambientalismo”.

    Merino ha denunciado que leyes como la de Aguas o la Minera supuestamente favorecen a grandes capitales.

    Pero rara vez se detiene en las complejidades que enfrenta el Estado para equilibrar desarrollo económico, empleo y transición energética.

    La crítica es totalizante, el gobierno es “permisivo”, las empresas “abusivas” y las comunidades “víctimas”.

    Sin embargo, las soluciones que propone —cuando existen propuestas coherentes más allá del llamado a la prohibición absoluta de industrias enteras— se quedan en lo declarativo y poco explican cómo lidiar con las consecuencias económicas o sociales de esas medidas.

    Aunque Merino no se presenta como operadora política, su nombre legitima esas demandas y presta a esos colectivos un aura de “neutralidad académica” que en realidad ya no existe.

    ¿Por qué su crítica elude casi por completo a ciertos actores privados —como filántropos corporativos— que tienen intereses claros en el país, mientras se concentra en señalar la responsabilidad y supuesta negligencia del Estado?

    Merino encarna un perfil cada vez más común en el ambientalismo, aquel de la académica que se convierte en activista, opinadora mediática y, de facto, en cabildera política.

    Y en ese tránsito, la pregunta no es si tiene derecho a hacerlo —claro que lo tiene—, sino si quienes la escuchan están conscientes de que ya no habla solo la investigadora de la UNAM.

    Sino también la militante de una agenda política que merece ser cuestionada con el mismo rigor con que ella cuestiona al Estado.

  • Fundar, análisis convenenciero del presupuesto e hipocresía del ambientalismo burgués

    Fundar, análisis convenenciero del presupuesto e hipocresía del ambientalismo burgués

    En el juego de ajedrez que es el debate público respecto al presupuesto de la federación, la ONG Fundar ha decidido jugar con piezas distintas según su conveniencia.

    Cuando se trata del Impuesto Saludable, el centro celebra con entusiasmo la supuesta “justicia fiscal” de la Presidenta.

    El indigenismo neoliberal

    Pero apenas el debate se traslada al financiamiento climático o a la transición energética, la misma organización desacredita al gobierno.

    En su informe Paquete Económico 2026: avances sociales y retos para los derechos humanos, Fundar aplaude el aumento de ingresos tributarios y la continuidad de los impuestos especiales al tabaco y a las bebidas azucaradas.

    Fundar, la ONG que ha decidido jugar con piezas distintas según su conveniencia.

    Con un tono complaciente, resalta la necesidad de reforzar estos “impuestos saludables”, reconociendo la medida presidencial como un paso hacia la garantía del derecho a la salud y la reducción de desigualdades.

    Sin embargo, apenas una semana después, en el reporte conjunto sobre cambio climático y transición energética, Fundar se sienta al lado de Engenera, CEMDA (con quienes comparte membresía en el colectivo #CambiémoslaYa!) y otras ONG para exhibir la “incongruencia” del gasto público.

    Fundar, análisis convenenciero del presupuesto e hipocresía del ambientalismo burgués.
    Boletín publicado por Fundar, Engenera y CEMDA con un análisis del presupuesto 2026 en materia ambiental.
    Fuente: CEMDA, septiembre de 2025.

    Aquí, cada peso destinado a infraestructura ferroviaria, seguridad o hidrocarburos se convierte en símbolo de incapacidad de respuesta ante la crisis ambiental.

    Fundar no reconoce matices ni que el rediseño presupuestal responde a prioridades nacionales como movilidad o soberanía energética.

    Cuando los recursos se alinean a la visión tributaria de Fundar, la narrativa es de progreso y justicia; cuando no, denuncian sin contemplar complejidades políticas ni restricciones materiales.

    En ambos casos, la organización parece menos interesada en construir un diagnóstico coherente que en colocar sus banderas en el debate público.

    Al final, el doble rasero no solo erosiona su credibilidad, sino que reduce el debate a una disputa de agendas particulares.

    Poniendo en juego el diseño de un presupuesto que equilibre salud, justicia social y transición energética de manera realista.