La sentencia que ordena a la Secretaría de Energía informar en 90 días cómo cumplirá la meta de 35% de generación eléctrica con fuentes limpias (tras una supuesta omisión en 2024) fue para el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) —organización vinculada a otros colectivos antiprogreso como Alianza Mexicana Contra el Fracking y #CambiémoslaYa!— una victoria histórica.

Sin embargo, detrás del discurso de justicia climática se perfila una estrategia más amplia de judicialización de la política energética nacional.

Greenpeace contra el Tren Maya y la disputa por el rumbo ambiental de México

CEMDA sostiene que la meta del 35% no es un “buen deseo” sino una obligación de resultado.

El amparo promovido por CEMDA no solo cuestiona el desempeño de la SENER; busca convertir metas programáticas en mandatos rígidos supervisados desde tribunales, desplazando el margen de planeación económica y soberanía técnica del Estado.

La lógica que subyace es clara: trasladar la conducción de la transición energética del ámbito político al jurídico, bajo estándares que privilegian mecanismos de mercado y compromisos internacionales por encima de la estrategia industrial interna.

El fallo invoca el Acuerdo de Escazú y el principio de no regresividad, conceptos que, si bien forman parte del marco jurídico internacional, se integran aquí como herramientas para fijar techos normativos inamovibles.

CEMDA sostiene que la meta del 35% no es un “buen deseo” sino una obligación de resultado.

No obstante, la política energética implica variables estructurales complejas: capacidad instalada, estabilidad de la red, costos de generación, inversión pública y privada, y soberanía sobre recursos estratégicos.

Reducirla a un porcentaje anual sin considerar el contexto geopolítico y fiscal reproduce una lógica propia de la burguesía tecnocrática, la cual privilegia indicadores sobre procesos.

El riesgo no radica en exigir cumplimiento ambiental, sino en imponer un ritmo y un diseño desde esquemas que históricamente han promovido la apertura acelerada del sector eléctrico bajo criterios de rentabilidad.

Quien define los tiempos y las reglas de la transición define, en buena medida, el modelo de desarrollo que la acompaña.