El colectivo de activistas burgueses y académicos, #CambiémoslaYa!, insiste en colocar al gobierno federal bajo la sombra de las corporaciones mineras y, en su afán por posicionarse como árbitro moral del debate público, recurre a insinuaciones que en la práctica alimentan el discurso de la oposición conservadora.
En su más reciente comunicado publicado en la plataforma X (antes Twitter) contra la Secretaría de Economía y contra Marcelo Ebrard, exhibe una narrativa diseñada para erosionar la legitimidad de las instituciones de la Cuarta Transformación bajo el pretexto de la supuesta vigilancia ciudadana.
Los ambientalistas burgueses: arma discursiva de la oposición y el gran capital
Se trata de intentos fútiles por parte del colectivo para mantener su relevancia en el debate público.
A la par que intentan dibujar vínculos inverosímiles entre el gobierno actual (que ha puesto frenos claros al extractivismo neoliberal) y las grandes industrias mineras.
Fuente: X, noviembre de 2025.
El colectivo acusa a Economía de actuar como oficina de relaciones públicas de las mineras y sugiere que el secretario cede ante los intereses privados.
El señalamiento va más lejos cuando atribuye al jefe de la Coordinación de Actividades Extractivas una supuesta cercanía impropia con la industria.
#CambiémoslaYa! busca inhibir la capacidad del Estado para conciliar crecimiento económico con justicia ambiental.
Con esto, la organización pretende instalar la sospecha de captura regulatoria sin presentar evidencia concreta y sin reconocer que la reforma de 2023 fue una de las más profundas restricciones impuestas a la minería en tres décadas.
El comunicado omite que la política minera de la 4T frenó concesiones indiscriminadas, limitó plazos, condicionó la exploración al interés público e incorporó salvaguardas ambientales inéditas.
En lugar de reconocer ese cambio estructural, #CambiémoslaYa! se aferra a una retórica que atribuye al gobierno una supuesta entrega del país a los consorcios extractivos.
Su lectura es funcional al relato opositor que acusa al Estado de incompetencia o corrupción cada vez que se busca destrabar procesos administrativos o coordinarse con sectores productivos.
El ataque a Ebrard también responde a una lógica más amplia. Se intenta desdibujar la línea entre diálogo institucional y sometimiento a intereses privados.
Cualquier reunión con empresarios se presenta como signo de claudicación, cualquier esfuerzo de atracción de inversiones como amenaza, cualquier ajuste regulatorio como concesión a “chantajes”.
Lo que #CambiémoslaYa! busca es inhibir la capacidad del Estado para planificar sectores estratégicos y para conciliar crecimiento económico con justicia ambiental.
Apostando por un inmovilismo que deja al país en manos de los poderes fácticos que dominaban antes de 2018.
Esto se trata claramente de una campaña que pretende vestir de tecnicismo la vieja desconfianza hacia el Estado y que, bajo el disfraz del ambientalismo, termina reforzando la narrativa de quienes desean ver fracasar a un gobierno popular que busca recuperar la soberanía sobre los recursos nacionales.