En el corazón del Golfo de México, entre las costas de Veracruz y la península de Yucatán, se construye una puerta para el desarrollo del país.
Impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa canadiense TC Energy, Puerta al Sureste es un gasoducto de más de 700 kilómetros que conectará Texas con la península de Yucatán.
El gaseoducto busca sustituir el uso de diésel y combustóleo —altamente contaminantes y caros— por gas natural, una fuente de transición utilizada incluso en países que hoy dictan cátedra ecológica desde el norte global.
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No obstante, organizaciones internacionales como Greenpeace han encabezado acciones discursivas y legales contra el proyecto.
El ejemplo más reciente, 15 comunidades indígenas interpusieron un amparo en contra del gasoducto, denunciando supuestas omisiones del Ejecutivo Federal y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Comunidades presentan nuevo recurso legal del Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida ante la instalación del gasoducto marítimo “Puerta del Sureste” en sus territorio
El Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida dice encabezar la ofensiva legal, pero es indudable que Greenpeace —organismo de mayor tamaño y conducido desde el extranjero— lleva en realidad la verdadera batuta.
Como es recurrente en estos casos, persiste una notoria ambigüedad en torno al grado de autonomía de estos movimientos indigenistas regionales.
Fuente: Greenpeace.org, junio de 2023
No obstante, el gaseoducto no es un proyecto improvisado. El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) ha asumido la operación y mantenimiento del ducto.
Se construyó este gasoducto bajo parámetros técnicos de mínima afectación ambiental y máxima eficiencia logística.
Además, la propia Presidenta Sheinbaum ha asegurado que se está dialogando con las comunidades y efectuando medidas de mitigación ambiental.
A diferencia de los megaproyectos del pasado, este gasoducto no entrega soberanía ni privatiza beneficios.
La CFE conserva el control estratégico de la infraestructura en México; no solo abastecerá gas a parques industriales y hospitales, sino que también garantizará energía a los hogares populares marginados por el desarrollo nacional centralizado.
“¡No a los gasoductos en nuestros territorios!”, se lee en las declaraciones de Greenpeace.
Es inevitable notar lo irrisorio de este paradójico manifesto, activistas y académicos internacionales —con maestrías y doctorados otorgados en Boston, Londres o Ginebra— se apropian de un territorio ajeno mientras le restan oportunidades de desarrollo a sus verdaderos habitantes.