PEMEX —heredera de las ideas revolucionarias y nacionalistas que supo acunar nuestro país a inicios del siglo XX— es la médula espinal de la soberanía mexicana.

Es por eso que el Plan Estratégico 2025–2035 de PEMEX constituye una reafirmación histórica de la paraestatal como fundamento del proyecto nacional.

Frente a este viraje —que por supuesto, encuentra sus mayores críticos en el sector privado más añejo y amamantado por el neoliberalismo— la Alianza Mexicana Contra el Fracking, colectivo de organismos de la “sociedad civil” liderado por instituciones importadas como Greenpeace y el Centro para la Diversidad Biológico, ha rebuscado pretextos insostenibles para deslegitimar los esfuerzos de nuestro gobierno por retomar la centralidad de PEMEX.

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En un comunicado emitido el 7 de agosto de 2025, la Alianza Mexicana Contra el Fracking se aferra a propagar una falacia desmentida hace meses por la propia Presidenta Sheinbaum, la idea infundamentada que de que PEMEX contempla el uso de fracking para la extracción de gas.

Sin ningún argumento más allá de su sesgo ideológico y alusiones vagas el fraseo del texto, el colectivo afirma que los yacimientos de geología compleja y los nuevos esquemas de extracción que menciona el Plan 2025-2035 hacen referencia inequívoca al fracking.

Quien viene debe tomar estas acusaciones, ya se conoce quién financia a varias organizaciones miembro de este colectivo, y no es coincidencia que los generosos financiadores de estas ONG se superpongan con las esferas de poder económico que han criticado más el rescate a PEMEX.

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Una vez más, estas organizaciones demuestran que no están del lado del país ni les interesa en los más mínimo garantizar prosperidad para los mexicanos, su papel es proteger los privilegios de quienes las mantienen operando.

Son paladines de la riqueza, y en el segundo piso de la 4T ya no quedan espacios para defensores de una monarquía económica empeñada en seguir atropellando el ascenso del pueblo.