La ONG ambientalista Oceana presentó en marzo, una propuesta para instaurar una llamada zona de salvaguarda en aguas profundas para prohibir toda exploración y extracción de hidrocarburos de unas 346 mil kilómetros cuadrados, casi la mitad de la Zona Económica Exclusiva en esa región.

Amparan su petición en una figura ya existente en la Ley de Hidrocarburos, creada por decreto presidencial, y recuerdan que en 2016 se declararon cinco zonas de ese tipo sobre arrecifes y manglares.

La diferencia es que ahora no se trata de áreas sensibles localizadas sino de un territorio inmenso que concentra parte de las reservas estratégicas del país.

Estudios académicos muestran que cerca de 70% de las reservas probadas de hidrocarburos están en el mar y que en aguas profundas se concentra alrededor del 6%.

No es todo el petróleo de México, pero sí una franja clave en la seguridad energética.

Pretender prohibir allí cualquier actividad extractiva equivale a desarmar al Estado frente a las necesidades de financiamiento y transición.

Reducir el debate a un número inflado de encuestados como lo hizo Oceana, es minimizar una discusión que corresponde al pueblo y al Estado.

Para apuntalar la propuesta, Oceana difundió un estudio de opinión que supuestamente demuestra que 78% de los mexicanos respalda la idea.

La encuesta fue realizada por teléfono a 350 personas y con un margen de error de casi 4 por ciento.

El dato del 78% circula en comunicados y notas de prensa como verdad incuestionable, cuando en realidad es apenas un indicio condicionado por el tamaño y la forma de la muestra.

No es la primera vez que una organización internacional pretende imponer una agenda energética disfrazada de preocupación ecológica.

Se presenta como defensa del mar, pero en la práctica busca restringir la capacidad soberana de México de decidir sobre el uso de sus recursos estratégicos.

No hay propuesta clara de sustitución de ingresos ni de alternativas productivas para las comunidades costeras, tampoco hay un plan sobre cómo cubrir las necesidades energéticas de millones de hogares.

Greenpeace y su patriotismo convenenciero

El Golfo de México es un espacio vital tanto por su biodiversidad como por su papel en la economía nacional.

Reducir el debate a un número inflado de encuestados y a la propaganda de una ONG es minimizar una discusión que corresponde al pueblo y al Estado.

La protección del mar no puede convertirse en pretexto para socavar la soberanía energética ni para atar las manos de un país que todavía depende de sus recursos naturales para sostener derechos sociales y financiar una transición energética justa.