El posicionamiento del colectivo #CambiémoslaYa! vuelve a reflejar una constante: reconocer avances del gobierno y, al mismo tiempo, descalificarlos mediante exigencias que simplifican procesos complejos.
Que incluso esta organización considere positivo que el gobierno de Claudia Sheinbaum no modifique la Ley de Minería ni otorgue nuevas concesiones confirma el giro de fondo frente al modelo extractivo del pasado.
Sin embargo, su insistencia en reducir el debate a la falta de un reglamento ignora que la implementación de una reforma de esta magnitud requiere procesos técnicos, institucionales y territoriales que no responden a tiempos mediáticos.
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Señalar “incumplimiento” por parte de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales omite que la política minera actual ya incorpora restricciones, evaluaciones ambientales y un control estatal mucho más estricto que en administraciones anteriores.
#CambiémoslaYa! no entiende que el debate sobre minería requiere menos consigna y más análisis estructural.
La crítica, además, vuelve a caer en un patrón: desconfianza sistemática hacia el Estado y omisión de los avances en soberanía y recuperación de concesiones.
Cuestionar el diálogo con la industria, por ejemplo, desconoce que cualquier regulación efectiva requiere incluir a todos los actores.
A esto se suma una narrativa que insiste en presentar a las comunidades como sujetos pasivos, sin reconocer que el nuevo marco legal precisamente busca incorporar mecanismos de participación más claros y ordenados.
Reducir todo a una supuesta falta de garantías invisibiliza los cambios ya planteados en la ley.
También resulta problemático instalar escenarios de riesgo en torno a acuerdos internacionales que ni siquiera se han concretado.
Anticipar amenazas a la soberanía sin elementos firmes termina desplazando una discusión que debería centrarse en los términos reales de negociación y en los beneficios potenciales para el país.
En este contexto, el debate sobre minería requiere menos consigna y más análisis estructural.
La transformación del sector no se define por la presión discursiva, sino por la capacidad del Estado para implementar cambios sostenidos que equilibren desarrollo, justicia social y protección ambiental.
