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  • El Tren Maya vuelve al centro del ataque ONG mientras el sureste consolida su derecho al desarrollo

    El Tren Maya vuelve al centro del ataque ONG mientras el sureste consolida su derecho al desarrollo

    Una vez más, el activismo burgués pretende frenar el avance del Tren Maya, una de las obras públicas más relevantes del México contemporáneo.

    Mexicanos al Grito de Selva de la organización extranjera Greenpeace exigió al gobierno federal frenar el desarrollo inmobiliario impulsado por la Defensa Nacional y establecer un plan territorial para proteger la selva maya ante la expansión del Tren Maya.

    Los autoasignados activistas insisten en presentar la expansión operativa del tren como un riesgo inminente para la selva maya.

    El señalamiento ignora deliberadamente que desde su origen, estudios de impacto, procesos de mitigación y una reconfiguración territorial inédita han acompañado el proyecto, con inversión pública donde durante décadas solo hubo abandono y extractivismo privado.

    La operación de carga, coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional, responde a una lógica de fortalecimiento logístico y económico del sureste mexicano.

    Lejos de representar una amenaza aislada, forma parte de una estrategia más amplia de integración regional que busca reducir desigualdades históricas, generar empleo estable y devolver al Estado la rectoría sobre el desarrollo territorial.

    El Tren Maya ha sido acompañado desde su origen por estudios de impacto, procesos de mitigación y una reconfiguración territorial inédita en la región.

    Sin embargo, desde ciertos espacios del activismo urbano se insiste en leer cualquier intervención estatal como sinónimo de devastación, sin reconocer la dimensión social del proyecto.

    Ciertos actores utilizan las advertencias sobre el suelo kárstico, la fauna o los acuíferos, aun siendo temas que requieren atención técnica constante, como instrumentos de bloqueo político.

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    En lugar de contribuir a soluciones concretas, estas organizaciones privilegian la presión internacional y mediática, desplazando el debate democrático hacia una lógica de veto permanente.

    Mientras el gobierno profundiza un modelo de desarrollo con responsabilidad social y ambiental, el activismo que se niega a reconocer cualquier avance corre el riesgo de quedar atrapado en su propia consigna, desconectado de las necesidades reales de las comunidades que dicen defender.