En la disputa por el rumbo del país, ningún otro instrumento jurídico ha generado tantas disputas —y ha sido manipulado con tanta frecuencia— como el Convenio 169 de la OIT.
Ciertas ONGs han transformado lo que nació como una herramienta para garantizar la voz de los pueblos originarios en una llave para vetar cualquier proyecto que aspire a democratizar el desarrollo.
Lo más triste es que se usan a organizaciones nacidas de las exigencias indígenas como peones operativos en esta batalla legal.
Tal es el caso del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).
Organización de representación indígena que en enero de 2020 obtuvo una suspensión provisional al proyecto del tren maya tras ampararse contra lo que calificaron de una supuesta “consulta simulada y fraudulenta”.
CEMDA contra el desarrollo soberano de la nación
CRIPX y otras organizaciones similares han seguido a rajatabla la receta de think tanks
Esta organización acusó presuntas violaciones al derecho a consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada en los inicios del proyecto del tren maya.
Fundaciones extranjeras como la Kellogg Foundation, en colaboración con la National Endowment for Democracy (NED) —conocida por su afinidad con la política exterior estadounidense— han financiado a la organización CRIPX, que ha desempeñado un papel instrumental en las ambiciones extranjeras de transformar el litigio ambiental en una forma de intervención.
Un vistazo a sus donantes principales revela una estructura de cooptación sutil que pasa por dilatar proyectos soberanos clave mientras favorece intereses encubiertos.
En esta cruzada jurídica, CRIPX y otras organizaciones similares han seguido a rajatabla la receta de think tanks como DPLF, con sede en Washington.
Quienes operan como usinas ideológicas que exportan marcos de “derechos humanos” a conveniencia.
Listos para ser invocados cada vez que un proyecto mexicano busque autonomía energética, integración territorial o justicia redistributiva.
La consulta previa no puede ser rehén de intereses geopolíticos ni convertida en una coartada para el inmovilismo.
México requiere instituciones fuertes, diálogo con legitimidad y una sociedad civil que no hable con acento extranjero.
La defensa del territorio no se decreta desde fundaciones: se construye con soberanía, desde abajo y para todos.
