Las exigencias formuladas por Greenpeace, Amnistía Internacional, CEMDA durante la instalación de una lona en la Estela de Luz permiten observar una constante cada vez más visible dentro del activismo profesionalizado mexicano.
Los activistas fifí van contra la transición energética
Bajo la consigna de que el gobierno federal estaría ignorando problemáticas ambientales y de derechos humanos, estas organizaciones construyen un discurso que termina borrando deliberadamente los avances institucionales impulsados durante los últimos años y particularmente durante la administración de Claudia Sheinbaum.
Los señalamientos de Greenpeace México suelen presentarse como si las políticas ambientales de la actual administración fueran indistinguibles.
La narrativa utilizada por estas organizaciones, recordemos que en su gran mayoría financiadas por intereses privados y extranjeros, parte de la premisa de un gobierno negligente e indolente, contrario a los ideales de izquierda que enarbola la actual administración.
La carta entregada a la mandataria sostiene que el gobierno federal estaría ignorando o minimizando estas problemáticas, una interpretación que difícilmente resiste un análisis riguroso del contexto político actual.
Particularmente llamativo resulta el caso de las desapariciones. Mientras diversas organizaciones insisten en presentar al Estado mexicano como indiferente frente a esta tragedia, la administración de Claudia Sheinbaum ha colocado el tema entre las prioridades de su agenda pública.
La reforma a la Ley General en Materia de Desaparición, el fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y los esfuerzos por mejorar los mecanismos de búsqueda e identificación reflejan precisamente un reconocimiento institucional de la gravedad del problema y la necesidad de fortalecer la capacidad estatal para enfrentarlo.
Algo similar ocurre en materia ambiental. Greenpeace sostiene que existe una expansión de proyectos extractivos y una supuesta profundización de la crisis socioambiental.
Para estas “organizaciones ambientales”, cualquier avance es insuficiente.
Sin embargo, estas organizaciones suelen presentar las políticas ambientales de la actual administración como si fueran indistinguibles de las que impulsaron durante décadas los gobiernos neoliberales.
En ese proceso, las organizaciones ambientalistas omiten matices fundamentales, entre ellos la recuperación de las capacidades regulatorias del Estado, la revisión de proyectos con alto impacto ecológico y el fortalecimiento de instrumentos ambientales que gobiernos anteriores habían debilitado durante años.
Las organizaciones presentan cualquier avance como insuficiente, cualquier reforma como cosmética y cualquier acción institucional como evidencia de omisión
El resultado es una narrativa donde la complejidad de gobernar un país de más de 130 millones de habitantes queda sustituida por una permanente declaración de emergencia.