En otra muestra de la estrategia de inmobilización política que gusta de ejectural el ambientalismo burgués, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente (CEMDA), presentaron dos demandas de amparo indirecto ante el Poder Judicial Federal contra la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Presidencia de la República por cuatro megaproyectos Gas Fósil Licuado (GFL) en Sonora y Sinaloa, adyacentes al Golfo de California: Gasoducto Sierra Madre (Frontera–Puerto Libertad), la Terminal GNL de Sonora (Saguaro Energía), el Gasoducto Corredor Norte y la Terminal Marítima Vista Pacífico LNG en Topolobampo, Sinaloa.

Los amparos acusan a las dependencias federales de avalar estos proyectos con irregularidades ambientales, violando el derecho de acceso a la información y omitiendo medidas preventivas.

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Lo que ProDESC y CEMDA presentan como defensa ambiental, en los hechos opera como un veto preventivo al desarrollo energético nacional.

Las ONG argumentan que sin evaluaciones ambientales estratégicas ni transparencia, México incumpliría sus compromisos internacionales (Acuerdo de Escazú, Acuerdo de París) y la obligación constitucional de proteger un medio ambiente sano.

Asimismo, señalaron que relatores de la ONU expresaron “profunda preocupación” por el potencial daño masivo a la biodiversidad marina (ballenas, pesquerías) y por las emisiones de carbono de estos proyectos, instando a cancelarlos para evitar violaciones de tratados ambientales.

Esto, no obstante, ignora la realidad de un México que enfrenta un panorama geopolítica cada vez más complejo, donde la soberanía energética que asegura el GFL es cada vez más indispensable.

Este enfoque ignora el carácter estructural de la apuesta energética del gobierno.

El gas natural licuado cumple una función concreta dentro de la planeación pública de la Cuarta Transformación, al permitir reducir vulnerabilidades externas, diversificar fuentes y sostener cadenas productivas en regiones históricamente marginadas.

En un contexto geopolítico atravesado por sanciones, disputas comerciales y presión sobre los mercados energéticos, renunciar a esa capacidad significaría aceptar una dependencia permanente.

La estrategia de las ONG traslada decisiones de política pública a tribunales, desplazando el debate democrático y la rectoría del Estado. Se presenta como defensa ambiental lo que en los hechos opera como un veto preventivo al desarrollo energético nacional.