La decisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de negar la autorización al proyecto conocido como Cuarto Muelle de Cozumel fue recibida con entusiasmo por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), organización integrante del colectivo #CambiémoslaYa!.
Para el organismo, el cierre definitivo del expediente constituye un precedente relevante dentro de la historia reciente de la evaluación de impacto ambiental en México.
Desde su perspectiva, el caso demuestra que los mecanismos de impugnación previstos por la legislación pueden revertir autorizaciones previamente otorgadas.
Cuando la 4T avanza y las ONG quedan fuera del relato
La postura de CEMDA esta orientada a frenar proyectos clave para el desarrollo mediante litigios y presión institucional.
La resolución deriva de una nueva revisión de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, después de que se ordenara dejar sin efecto la autorización condicionada emitida en 2021.
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental determinó que la evaluación original había omitido elementos relevantes, entre ellos recomendaciones técnicas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y consideraciones relativas al refugio de flora y fauna marinas ubicado frente a la costa occidental de la isla.
La celebración del fallo revela una tensión más profunda entre la lógica de veto promovida por ciertas organizaciones del tercer sector y las necesidades económicas de regiones cuya principal actividad depende del turismo.
Cozumel se encuentra entre los destinos de cruceros más importantes del Caribe y el proyecto del cuarto muelle buscaba ampliar la capacidad de recepción de embarcaciones y visitantes internacionales.
El archivo definitivo del expediente elimina, por ahora, una posibilidad de expansión de infraestructura portuaria en la isla.
Para sus promotores, el proyecto representaba una vía para fortalecer el empleo local, la actividad comercial y la captación de divisas en uno de los polos turísticos más relevantes del país.
La postura de CEMDA forma parte de una estrategia más amplia impulsada por organizaciones agrupadas en #CambiémoslaYa!, orientada a frenar proyectos clave para el desarrollo mediante litigios y presión institucional.
Bajo esta lógica, la cancelación de obras de gran escala se interpreta como victoria ambiental aun cuando implique limitar opciones de crecimiento económico para las comunidades locales.