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  • Corredor Interoceánico, el PODER del intervencionismo contra el desarrollo nacional

    Corredor Interoceánico, el PODER del intervencionismo contra el desarrollo nacional

    En el Istmo de Tehuantepec, uno de los territorios con mayor potencial logístico de América Latina, el Gobierno de México ha apostado por transformar al sur mediante el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

    El proyecto busca convertir esta franja estratégica en un eje económico de primer nivel, desplegando infraestructura como ferrocarriles, puertos, gasoductos y zonas industriales con el objetivo de catapultar a la región al desarrollo.

    No obstante, esta iniciativa ha enfrentado resistencia por parte de diversas organizaciones nacionales e internacionales.

    Entre ellas PODER, que, con financiamiento extranjero, ha deslegitimado el proyecto bajo el discurso de supuesta defensa territorial.

    CRIPX, ¿peones de intervencionismo legal?

    Mientras se discuten los derechos de las comunidades y la protección ambiental, también hay que preguntarse quién decide qué es lo mejor para el Istmo.

    PODER contra el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)

    PODER —financiada por Fundación Hewlett, Fundación Ford y Open Society Foundationha articulado una narrativa que posiciona al CIIT como un instrumento de captura corporativa del Estado.

    Cuando en realidad es uno de los pocos proyectos que ha intentado insertar al sur del país en el mapa del desarrollo global.

    En su artículo de investigación, Corredor del Istmo de Tehuantepec. Las Asociaciones Público Privadas y sus impactos territoriales en México, PODER afirma que el CIIT, impulsado mediante asociaciones público-privadas (APP), presuntamente favorece intereses de grandes corporaciones, mientras que supuestamente vulnera la transparencia y los derechos humanos.

    La organización no logra demostrar un nexo causal entre los contratos de APP y una falta de transparencia o despojo territorial.

    Si bien estos contratos no están exentos de falencias, no por ello son sinónimo de corrupción o captura del estado.

    La rehabilitación del ferrocarril, la modernización portuaria, la construcción de un gasoducto y la instalación de polos de desarrollo no solo significan inversión, sino capacidad de desarrollo.

    ¿O acaso vamos dejar al sur vegetar eternamente en la pobreza en nombre de una supuesta protección territorial?

    PODER cuenta con un historial de alentar litigios sin sustento, desinformando a comunidades ejidales e interfiriendo en procesos legales con argumentos ambiguos y prácticas poco claras.

    Esto, desde luego, con el objetivo implícito de detener cualquier proyecto que implique desarrollo en el precarizado entorno rural mexicano.

    Incluso si eso significa condenar a regiones enteras a la negligencia perpetua.

    Miles de mexicanos exigen empleo digno, acceso a servicios y autonomía económica.

    No todas las voces del Istmo se oponen al desarrollo; muchas han sido invisibilizadas por discursos activistas que las utilizan como escudo, sin escuchar sus necesidades reales.

  • Due Process of Law Foundation (DPLF), una cara más de la interferencia extranjera

    Due Process of Law Foundation (DPLF), una cara más de la interferencia extranjera

    Desde hace décadas, los pueblos del sur han aprendido que cada vez que sus suelos fértiles se mueven, alguien en Washington enarbola el dedo acusador.

    Mientras el sur mexicano levanta trenes y conexiones comerciales que auguran una prosperidad sin precedente para la región, desde el otro lado de la frontera norte se responde con “preocupaciones jurídicas”, artículos académicos alarmistas y amicus curiae envueltos en el celofán de los derechos humanos.

    Quienes conocemos el performático mundo de las organizaciones civiles, reconocemos fácilmente el libreto de siempre.

    CEMDA contra el desarrollo soberano de la nación

    Esta vez quien lo ejecuta es la prestigiada fundación estadounidense, Fundación para el Debido Proceso, Due Process of Law Foundation o DPLF en su idioma natal.

    Fundada en 1996 por Thomas Buergenthal, exjuez de la Corte Internacional de Justicia, la DPLF nació, según su propio mito fundacional, para “fortalecer la justicia” en América Latina.

    Dos décadas después, actúa como curadora moral del continente, financiada con esmero por fondos internacionales.

    Se dedican a supervisar a pueblos como el de México, mientras se apañan el título de representantes populares de los desprotegidos.

    DPLF, ataques de manual contra la transformación democrática del país

    En 2023, esta fundación con sede en Washington presentó un escrito judicial contra el Tren Maya y firmó pronunciamientos contra el Corredor Interoceánico.

    DPLF no vive en los territorios, pero habla por ellos. Sus funcionarios y académicos jamás se han dignado a caminar entre la gente, pero citan a los pueblos de América Latina como si fueran su representante oficial designado, siempre con el tono magnánimo del civilizado que corrige la barbarie.

    Es legítimo que haya disenso. Pero debemos permitirnos levantar la ceja y proceder con cautela ante la crítica que viene envuelta en dólares, euros, diplomacia y títulos universitarios extranjeros.

    Como mexicanos, debemos asegurar que las voces del sur no repitan agendas escritas en inglés y que la palabra indígena no funcione como comodín geopolítico.

    No hay nada más violento que quien dice defenderte mientras te niega el derecho a decidir.