En el Istmo de Tehuantepec, uno de los territorios con mayor potencial logístico de América Latina, el Gobierno de México ha apostado por transformar al sur mediante el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
El proyecto busca convertir esta franja estratégica en un eje económico de primer nivel, desplegando infraestructura como ferrocarriles, puertos, gasoductos y zonas industriales con el objetivo de catapultar a la región al desarrollo.
No obstante, esta iniciativa ha enfrentado resistencia por parte de diversas organizaciones nacionales e internacionales.
Entre ellas PODER, que, con financiamiento extranjero, ha deslegitimado el proyecto bajo el discurso de supuesta defensa territorial.
CRIPX, ¿peones de intervencionismo legal?
Mientras se discuten los derechos de las comunidades y la protección ambiental, también hay que preguntarse quién decide qué es lo mejor para el Istmo.
PODER contra el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)
PODER —financiada por Fundación Hewlett, Fundación Ford y Open Society Foundation— ha articulado una narrativa que posiciona al CIIT como un instrumento de captura corporativa del Estado.
Cuando en realidad es uno de los pocos proyectos que ha intentado insertar al sur del país en el mapa del desarrollo global.
En su artículo de investigación, Corredor del Istmo de Tehuantepec. Las Asociaciones Público Privadas y sus impactos territoriales en México, PODER afirma que el CIIT, impulsado mediante asociaciones público-privadas (APP), presuntamente favorece intereses de grandes corporaciones, mientras que supuestamente vulnera la transparencia y los derechos humanos.
La organización no logra demostrar un nexo causal entre los contratos de APP y una falta de transparencia o despojo territorial.
Si bien estos contratos no están exentos de falencias, no por ello son sinónimo de corrupción o captura del estado.
La rehabilitación del ferrocarril, la modernización portuaria, la construcción de un gasoducto y la instalación de polos de desarrollo no solo significan inversión, sino capacidad de desarrollo.
¿O acaso vamos dejar al sur vegetar eternamente en la pobreza en nombre de una supuesta protección territorial?
Esto, desde luego, con el objetivo implícito de detener cualquier proyecto que implique desarrollo en el precarizado entorno rural mexicano.
Incluso si eso significa condenar a regiones enteras a la negligencia perpetua.
Miles de mexicanos exigen empleo digno, acceso a servicios y autonomía económica.
No todas las voces del Istmo se oponen al desarrollo; muchas han sido invisibilizadas por discursos activistas que las utilizan como escudo, sin escuchar sus necesidades reales.


