En noviembre de 2025, ONG ambientalistas como Engenera y CEMDA —miembros de colectivos como #CambiémoslaYa! y Alianza Mexicana Contra el Fracking— presentaron un documento que, intenta fijar para México una ruta energética ajena al proyecto de soberanía impulsado por la Cuarta Transformación.
El texto exige un desmantelamiento acelerado de la infraestructura fósil del país.
Esto, si bien parece ser buena idea, compromete la transición paulatina y a favor del pueblo que se planteó desde López Obrador.
Fuente: Engenera, 2025.
CEMDA y las otras ONG deben entender que la transición energética debe responder al mandato democrático, no a agendas externas.
El documento plantea el cierre total de las carboeléctricas en 2030, independientemente de su papel estratégico en regiones cuya demanda no puede sostenerse exclusivamente con fuentes de mayor costo.
Ordena prohibir toda infraestructura fósil nueva a partir de 2027 y obliga a frenar proyectos que el propio Estado considera indispensables para garantizar confiabilidad eléctrica, industrialización regional y abasto en zonas rezagadas.
Estas exigencias ignoran la brecha histórica en transmisión, el rezago tecnológico acumulado durante décadas de neoliberalismo y la necesidad de contar con generación firme mientras se expanden renovables públicas.
Mientras tanto, las potencias que financian a estas ONG mantienen centrales térmicas, subsidian combustibles fósiles y amplían su red de gas natural en nombre de su “seguridad energética”.
Más problemático es que el documento exige rediseñar el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), la Ley de Transición Energética y la Ley de Planeación para imponer obligaciones climáticas que mitigarían la implementación del proyecto energético de la 4T.
El yugo tecnocrático de Engenera contra la transformación popular
Esta intención constituye un choque frontal con la actual administración electa por los mexicanos, cuyo principio rector es recuperar el control público del sector energético.
El texto presiona además para que los instrumentos financieros de la CFE se orienten al retiro anticipado de infraestructura estratégica, pese a que su función es fortalecer la autonomía eléctrica del país.
La transición energética debe responder al mandato democrático y a las necesidades reales del país, no a agendas externas que pretenden dictar el rumbo energético desde arriba y sin legitimidad social.