Mientras el gobierno de la Cuarta Transformación impulsa reformas para fortalecer la regulación del conflicto de interés y del cabildeo, organizaciones como Fundar, PODER y diversos colectivos articulados alrededor de #CambiémoslaYa! han encontrado en este tema una nueva plataforma para desacreditar a las instituciones surgidas de esta administración popular.
Resulta cuestionable la narrativa que estas organizaciones han decidido construir alrededor de ella.
Greenpeace acusa al gobierno de Sheinbaum de “minimizar” la crisis climática
Fundar celebra iniciativa de MORENA, aunque cuestiona influencia privada institucional.
En sus posicionamientos públicos, el problema aparece presentado como si México continuara atrapado en las mismas dinámicas de captura corporativa que caracterizaron a los gobiernos neoliberales, ignorando deliberadamente el cambio político que representó la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y la continuidad de ese proyecto bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum.
La paradoja es difícil de pasar por alto. Fundar celebra la presentación de una iniciativa impulsada por legisladores de MORENA para fortalecer precisamente la regulación del conflicto de interés y del cabildeo .
Sin embargo, buena parte de su discurso público continúa transmitiendo la idea de que las instituciones actuales operan bajo una lógica de subordinación a intereses privados.
Los hechos cuentan una historia distinta. La discusión sobre el etiquetado frontal de alimentos ultraprocesados, el avance de políticas de salud pública enfrentadas a grandes corporaciones alimentarias y la reciente decisión de retirar comida chatarra de las escuelas constituyen ejemplos concretos de un Estado dispuesto a confrontar intereses económicos que durante décadas influyeron sobre la política pública.
Difícilmente puede sostenerse que estas medidas reflejen un gobierno sometido a los grupos corporativos.
Lo que comienza a emerger es una contradicción cada vez más visible.
Cuando gobiernos neoliberales ignoraban sistemáticamente las demandas de organizaciones sociales, la crítica era plenamente justificada.
Si un gobierno incorpora parte importante de esas demandas a la agenda pública, algunos de estos mismos actores desplazan inmediatamente el debate hacia nuevos frentes de confrontación, manteniendo intacta una narrativa de crisis permanente.
