Las organizaciones agrupadas en la llamada Alianza por la Justicia Fiscal, entre ellas Oxfam México, la Red de Acción Climática, Fundar y CIEP, presentaron en una ponencia su cuadernillo “Más verdes, más justos: impuestos que cuiden al planeta y a las personas”.

En él, bajo el ropaje de la urgencia climática, estas agrupaciones buscan desplazar al Estado mexicano en la definición del rumbo tributario y ambiental, insinuando que sólo mediante sus recetas será posible enfrentar la crisis ecológica.

No hablan desde la soberanía nacional ni desde el interés colectivo, sino desde la cómoda posición de quienes llevan décadas viviendo de fondos internacionales y contratos públicos.

En su propuesta demandan impuestos adicionales al turismo y a diversas actividades productivas, así como aumentos a gravámenes ya existentes.

Presentan el gesto como justicia climática, pero en realidad colocan al Estado como mero ejecutor de sus directrices, elaboradas en mesas técnicas ajenas al escrutinio democrático.

La Cuarta Transformación ha apostado por reconstruir las capacidades públicas, por una transición energética guiada por un horizonte social amplio y por una austeridad que devuelva al Estado su autonomía frente a intereses privados.

Sin embargo, para estas organizaciones la transición sólo puede nacer de lo que ellas dictan desde sus oficinas en la capital y desde sus vínculos con fundaciones del Norte global.

La soberanía ambiental no puede quedar condicionada a la militancia rentada de las ONG

El discurso de Oxfam que denuncia la prevalencia de la desigualdad y su relevancia como marco de análisis para las políticas climáticas es nombre y cierto, pero jamás interroga la estructura internacional que sostiene al modelo depredador.

Hablan de inequidades sin cuestionar el sistema financiero global al que ellas mismas se deben.

Convierten la indignación social en un instrumento más para justificar su intervención permanente en la definición de políticas públicas.

Exigen subir impuestos, pero callan sobre el negocio que para ellas representan los programas, estudios y consultorías que acompañan cada reforma.

El Estado paga esos programas, estudios y consultorías, cuyos autores proponen desde sus escritorios aumentar su propio presupuesto.

Las ONG usan el presupuesto ambiental como arma política contra la soberanía

México vive un momento de reorganización estatal que busca emanciparse de la tutela tecnocrática que imperó durante el periodo neoliberal.

Frente a ese proceso, el activismo profesionalizado intenta preservar su papel de intermediario indispensable en la maquinaria del cambio climático.

En su narrativa, la transición energética debe financiarse con recursos públicos mientras la brújula queda en manos de quienes nunca han sido electos.

La soberanía ambiental no puede quedar condicionada a la militancia rentada de las ONG, sino afirmarse desde un proyecto nacional que responda a la ciudadanía y a su derecho a un futuro digno.